Por Tomás Sánchez.
Las políticas económicas que a partir de la década de 1980 ha implementado el gobierno mexicano, han derivado en un retroceso significativo de los índices de desarrollo económico y social.
La adopción del paradigma del neoliberalismo y la cada vez menor capacidad del Estado para garantizar a los ciudadanos los derechos esenciales para su desarrollo y bienestar[1], se ha traducido en una constante degradación del tejido social; que a su vez ha potencializado los perjuicios de problemáticas sociales como la violencia e inseguridad.
La crisis del sistema educativo, es sólo un ejemplo del fracaso de las acciones gubernamentales. El aumento de la cobertura educativa ha sido mínimo, y como consecuencia, la oferta educativa no corresponde a la demanda de espacios y oportunidades que la población estudiantil demanda.[2]
Esta falta de condiciones para el desarrollo profesional y humano de jóvenes y adultos, ha propiciado que muchos de ellos se incorporen a la delincuencia organizada y vean en la dinámica delictiva una última oportunidad de sobrevivencia y movilidad social.
El informe de la Convención sobre los Derechos del Niño elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentado a la ONU, establece que entre 2006 y 2010, el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado se incrementó de 25 mil a 35 mil. Así mismo, señala que la edad de reclutamiento se ha reducido drásticamente. Hace una década oscilaba entre los 20 y 35 años, y en la actualidad jóvenes de entre 12 y 15 años son explotados por el crimen organizado.[3]
El rezago educativo y la incapacidad gubernamental para revertirlo, son obstáculos que impiden el desarrollo económico y social de nuestro país; y sobre todo agudizan problemas estructurales como la pobreza, criminalidad y violencia.
Por ello, resulta indispensable una reorientación de los esquemas educativos a fin de garantizar la total inclusión de los grupos marginados; para que a partir del fortalecimiento de sus talentos y habilidades coadyuven al progreso y bienestar de la sociedad.
[1] Entre 1983 y 1999, el número de pobres se incrementó en 150%, pasando de 20 millones a 74 millones de habitantes en esta condición. Véase “La educación en México 1950-1990” en: Evolución del sistema educativo mexicano, disponible en: http://www.oei.es/quipu/mexico/mex02.pdf
[2] Según el Reporte de competitividad global 2012-2013, en México Sólo 3 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años tienen acceso a la educación superior (esto es, 7 millones no ingresan a ese nivel), y que de cada 100 niños que inician la primaria sólo 50 concluyen estudios de bachillerato, 21 egresan de su instrucción universitaria y únicamente 13 se titulan.
[3] GIL Olmos José, “Los nuevos esclavos de los cárteles” en: Revista Proceso 25 de julio de 2011, disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=277056
* Tomás Sánchez es politólogo, analista y estratega. Es experto en temas de Seguridad Nacional, crimen organizado, combate a la violencia y desarrollo comunitario.
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